De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los países que sufre de manera desproporcionada las consecuencias del cambio climático. Esta misma organización advierte que el número de fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima ha aumentado, y se prevé que su frecuencia e intensidad continúen en ascenso, generando mayores consecuencias socioeconómicas adversas para la población.
Ejemplo de ello son los recientes huracanes Otis y John, que impactaron en el estado de Guerrero en un lapso de apenas dos años. Otis tocó tierra en Acapulco en octubre de 2023 como un huracán de categoría 5, causando una devastación sin precedentes: 52 personas fallecidas y 32 desaparecidas. Su rápida intensificación lo convirtió en el huracán más potente registrado en tocar tierra en la cuenca del Pacífico Nororiental. Tan solo un año después, en septiembre de 2024, el huracán John volvió a golpear Acapulco, dejando un saldo aún más elevado de muertes, deslaves y hundimientos que agravaron la ya precaria situación socioambiental de la región.
A este escenario se suma una crisis hídrica severa, considerada la más grave en los últimos tres años, que ha afectado amplias zonas del país desde 2022. La combinación de sequías extremas y temperaturas excepcionalmente altas ha incrementado la presión sobre las fuentes de agua en diversas regiones. Según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), los estados más afectados históricamente son Durango, Chihuahua y Coahuila, seguidos por Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato.
Aunque estos eventos no son nuevos, su creciente intensidad y recurrencia evidencian la urgencia de invertir en soluciones ambientales enfocadas tanto en la adaptación como en la mitigación del cambio climático, con el objetivo no solo de reducir los riesgos y daños futuros, sino también de restaurar ecosistemas, proteger medios de vida y fortalecer la resiliencia social y territorial.
Diversos organismos nacionales e internacionales han coincidido en que invertir en soluciones ambientales es clave para mitigar los impactos del cambio climático, restaurar territorios degradados, mejorar la calidad de vida y, al mismo tiempo, generar oportunidades económicas. Estas inversiones son estratégicas no solo para el sector público, sino también para el sector privado, la filantropía y las comunidades organizadas que buscan transitar hacia modelos de desarrollo sustentables y justos.
¿Cuáles son las soluciones ambientales en las que se puede invertir?
Este tipo de inversiones puede clasificarse en dos grandes categorías: obligatorias y voluntarias. Las inversiones obligatorias tienen como objetivo controlar, mitigar, compensar o corregir los impactos ambientales generados por los sistemas productivos, con el fin de evitar sanciones, reducir costos innecesarios y cumplir con la normatividad ambiental vigente. En muchos casos, dicha normatividad también abarca ámbitos relacionados como la salud, la seguridad industrial o la eficiencia energética.
Por otro lado, las inversiones voluntarias (también conocidas como parte de las estrategias de responsabilidad social empresarial) buscan mejorar la imagen pública de las organizaciones, fortalecer su legitimidad ante la sociedad y retribuir a las comunidades por los impactos ocasionados. Aunque no son exigidas por ley, cada vez son más valoradas por consumidores, inversionistas y otros grupos de interés.
En la práctica, estas inversiones pueden adoptar múltiples formas y aplicarse en diversos sectores. A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos:
Tabla 1. Ejemplos de soluciones ambientales en las que se puede invertir según el sector
| Sector | Ejemplo | Impacto |
| Energías renovables | Financiamiento de parques solares o eólicos, desarrollo de tecnologías más eficientes para generación de energía limpia. | Reducen la dependencia de combustibles fósiles, disminuyen las emisiones de carbono y promueven la transición energética. |
| Restauración de ecosistemas | Inversión en proyectos de reforestación o bonos de carbono para apoyar la conservación de bosques. | Protegen la biodiversidad, previenen desastres naturales y mejoran la calidad del agua y aire. |
| Agricultura y producción sustentable | Apoyar a agricultores que implementan técnicas agroecológicas o proyectos agricultura regenerativa, permacultura y agroforestería | Mejoran la seguridad alimentaria, restaura suelos y reduce el uso de agroquímicos. |
| Gestión del agua y saneamiento | Financiamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales o tecnologías para reducir el desperdicio de agua | Reduce la crisis hídrica y mejora la disponibilidad de agua para comunidades. |
| Gestión comunitaria del ambiente | Inversión y acompañamiento de cooperativas, redes ciudadanas o comités comunitarios para el monitoreo y vigilancia ambiental | Fortalecen autonomía local, saberes tradicionales y resiliencia territorial |
Fuente: elaboración propia
A nivel internacional, algunos organismos multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) están apostando por soluciones ambientales alineadas con los principios de justicia climática y enfoque territorial. Ejemplos de ello son:
- Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (Nature-Based Solutions) impulsadas por el PNUD.
- Los Bonos Verdes y Fondos Climáticos Sostenibles del BID, orientados a infraestructura ecológica.
- La transición energética con inclusión social y enfoque comunitario promovida por el PNUMA en América Latina.
Inversión en soluciones ambientales y retos en México
En nuestro país, el gobierno federal actual ha impulsado diversas inversiones en soluciones ambientales, como el saneamiento de ríos, con énfasis en los tres más contaminados: Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, así como el diagnóstico para diseñar una Estrategia Nacional de Economía Circular. Sin embargo, entre las acciones más destacadas se encuentra el programa Sembrando Vida, creado durante la administración de López Obrador. Su objetivo principal es contribuir al bienestar social de las y los sembradores mediante el impulso de la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y la restauración ecológica, a través del establecimiento de sistemas agroforestales productivos en parcelas comunitarias.
Durante la reunión del G20 en 2024, el programa fue presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum como una herramienta clave para enfrentar la degradación ambiental y una oportunidad para atraer inversión internacional en soluciones ambientales: Sembrando Vida promueve acciones como la reforestación, la regeneración de suelos, la protección de la biodiversidad y la mejora de la calidad del agua y del aire.
Sin embargo, diversos informes y análisis han evidenciado limitaciones que ponen en entredicho la viabilidad del programa a largo plazo. Uno de los principales señalamientos es la falta de integración con estrategias de conservación de largo plazo y la débil supervisión ecológica, lo que podría comprometer la sustentabilidad de los esfuerzos de reforestación. Estas deficiencias estructurales reflejan que, aunque el programa presenta elementos positivos, su eficacia depende de una mejora sustantiva en su diseño, implementación y monitoreo.
Además, la inversión en soluciones ambientales no puede reducirse a reforestar por hectáreas plantadas sin un enfoque sistémico. Estas inversiones deben formar parte de una estrategia más amplia que incluya la conservación de ecosistemas existentes, el fortalecimiento institucional ambiental, el ordenamiento territorial participativo, la promoción de prácticas agroecológicas, la reforestación con especies nativas/endémicas y la educación ambiental comunitaria. Sin esta mirada integral, los esfuerzos pueden incluso derivar en efectos adversos, como la introducción de especies inadecuadas o el desplazamiento de prácticas agrícolas tradicionales.
El reto para el gobierno mexicano no es solo promover la inversión en soluciones ambientales atractivas en foros internacionales, sino demostrar que es posible transformar los territorios de forma justa y sustentable, evitando los “errores del pasado”. Esto requiere planificación cuidadosa, participación comunitaria genuina, transparencia en la asignación de recursos y evaluación constante de resultados. Solo mediante un compromiso coherente y una implementación efectiva será posible avanzar hacia transiciones sustentables que permitan combatir el cambio climático y posicionar a México como un actor serio y propositivo en la agenda ambiental global.
Por último, es necesario subrayar que no solo el gobierno mexicano está invirtiendo en este tipo de soluciones, sino también diversos organismos internacionales, empresas, fundaciones y redes ciudadanas. Aunque se han dado pasos importantes hacia la promoción para impulsar estas iniciativas, es urgente preguntarse quién decide qué se invierte, en qué territorios, con qué actores y bajo qué criterios. Sin justicia ambiental ni participación de los pueblos y comunidades, el riesgo es reproducir las mismas desigualdades que la crisis climática ha exacerbado. En muchas ocasiones, las inversiones tienden a beneficiar principalmente a grandes actores institucionales o empresariales, mientras que las poblaciones históricamente marginadas —rurales o urbanas— reciben escasos beneficios, sin que se consideren sus prioridades, saberes ni necesidades específicas.
Por ello, frente a la crisis climática, las soluciones ambientales no pueden pensarse únicamente en términos financieros. Necesitamos transiciones justas, guiadas por la ética del cuidado, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a los límites planetarios y la solidaridad entre generaciones. Esta es una de las múltiples posibilidades que permiten imaginar y construir un presente y un futuro más justo y sustentable.
